La ley 8/2021 publicada en el BOE el 3 de junio de 2021, impone un cambio en el ordenamiento jurídico; pues en este predominaba la sustitución en la toma de decisiones que afectan a las personas con discapacidad. Sin embargo, con la publicación de esta nueva ley, pasa a un primer plano la voluntad y las preferencias de la persona discapacitada pues, como regla general, ésta podrá tomar sus propias decisiones.
Esta Ley consta de ocho artículos, dos disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales. A su vez, introduce modificaciones en el Código Civil, en el Código Penal, en el Código de Comercio, en la Ley Hipotecaria, en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la Ley de Jurisdicción Voluntaria y en la Ley del Registro civil, con el fin de adecuar nuestro ordenamiento jurídico a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006.
«No se trata, pues, de un mero cambio de terminología que relegue los términos tradicionales de «incapacidad» e «incapacitación» por otros más precisos y respetuosos, sino de un nuevo y más acertado enfoque de la realidad, que advierta algo que ha pasado durante mucho tiempo desapercibido: que las personas con discapacidad son titulares del derecho a la toma de sus propias decisiones, derecho que ha de ser respetado; se trata, por tanto, de una cuestión de derechos humanos. Y es que muchas limitaciones vinculadas tradicionalmente a la discapacidad no han procedido de las personas afectadas por ella, sino de su entorno: barreras físicas, comunicacionales, cognitivas, actitudinales y jurídicas que han cercenado sus derechos y la posibilidad de su ejercicio».
(Referencia tomada de Iberley).
Interesante avance de la legislación española en el tema de derechos de las personas con discapacidad mental