Actualmente, las ayudas del Estado para zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil dependen del consejo de ministros. En muchos casos, la ayuda llega demasiado tarde. Las huellas dejadas en Madrid y otras Comunidades Autónomas por la borrasca Filomena están devolviendo al debate el tema de un rediseño de la distribución de las ayudas.
Las Comunidades afectadas están considerando solicitar una declaración de “zona catastrófica” según el artículo 23 de la Ley de Protección Civil 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, para poder recibir ayudas económicas del Estado.
La declaración de zonas “afectadas gravemente por una emergencia de protección civil” es responsabilidad del Consejo de Ministros, la distribución y gestión de fondos corresponde al Ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El resto de la organización del reparto se realiza a través de diferentes niveles de Gobierno, lo que hace el proceso muy largo y burocrático.
Expertos informan que, con el sistema actual, las ayudas pueden tardar años en llegar a los afectados.
Por este motivo, se ha discutido recientemente la propuesta de crear un organismo permanente para gestionar los daños de los miles de personas afectadas por la borrasca. Una estructura autónoma, según dos expertos, podría facilitar una gestión más ágil – una perspectiva muy interesante para las administraciones dañadas. Además, un procedimiento regulado ofrecería criterios objetivos y claros para la concesión de ayudas y no dependería de decisiones políticas.
Las medidas que están a disposición de las zonas luego de una declaración de “zona catastrófica” están reguladas en el artículo 24 de la Ley de Protección civil e incluyen:
- ayudas a particulares por daños en su vivienda,
- compensación a las administraciones por gastos inaplazables,
- ayudas a establecimientos y
- ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina, entre otras.
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